21 septiembre 2012

SAN JOSÉ, Costa Rica – La Iglesia Luterana Costarricense (ILCO), se manifestó esta semana para protestar por el atentado que sufriera el líder indígena Sergio Rojas Ortiz, quien al frente de su comunidad dirige, desde hace varios años, procesos de recuperación de tierras usurpadas a intereses de grandes ganaderos y comercializadores de tierra.

Rojas Ortiz, fue atacado este lunes por personas no identificadas, que le hicieron varios disparos, cuando se dirigía a su hogar en el interior del país, en Salitre, donde existen varias zonas recuperadas por familias indígenas, lo cual ha provocado ataques de quienes ocupaban esos territorios de manera ilegal.

Si bien algunos de estos casos están siendo investigados por el Poder Judicial, esto no garantiza la ausencia de agresiones, de manera que la Iglesia Luterana Costarricense viene apoyando dichos procesos que permiten recuperar las tierras de esta región, a través de la labor de acompañamiento que desarrolla su Programa Indígena.

Según plantea la nota publicada en la página web de ILCO (www.ilco.cr ), "El problema fundamental de estos casos judiciales es que en promedio duran hasta cuatro años en ser resueltos por la jurisdicción agraria, y hay uno emblemático que tiene 10 años en juicio. Irónicamente al tratarse de tierras inalienables, desde al menos el año 1956, en general los procesos judiciales se fallan a favor de las comunidades indígenas. Sin embargo el juicio debe llevarse a cabo siguiendo pasos que lo hacen lento y a veces desesperante."

También el liderazgo de ILCO plantea que se suma a los procesos de solidaridad expresados por la Mesa Nacional Indígena, la Asociación Aradikes y otras entidades como el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y el Servicio de Paz y Justicia capítulo Costa Rica, entre otros, que instan a las autoridades a garantizar la integridad física de las personas indígenas "al menos como una medida compensatoria, ya que el Estado no ha hecho lo propio, con relación al derecho territorial indígena"; y concluye expresando que si estas expresiones de intolerancia arrecian, serán las autoridades gubernamentales del país los máximos responsables de lo que suceda, así como las políticas de la localidad que, muchas veces, estimulan los actos discriminatorios contra los pueblos indígenas.

Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación