30 julio 2012

SAN JOSÉ, Costa Rica – "Nuestra Iglesia considera que la sexualidad humana es un don de Dios, que debe ser ejercido responsablemente por cada persona, de acuerdo con su propia orientación sexual, mas siempre en el marco del respeto a la dignidad, a la libertad y a la responsabilidad entre las personas que interactúan y comparten sexualmente," expresa una carta enviada, recientemente, por el obispo Melvin Jiménez, presidente de la Iglesia Luterana Costarricense (ILCO), a la Sala Constitucional costarricense.

La misiva enviada a la doctora Ana Virginia Calzada, presidenta de esa Sala, reacción en torno al tema del programa MEP (Educación para la Afectividad y la Sexualidad), donde Jiménez plantea que el Estado "no puede condicionar ni imponer a los padres y madres de familia el sistema de valores con que deseen criar a sus hijos e hijas, ni el enfoque religioso o a-religioso que quieran dar a esa formación intrafamiliar o intraeclesial. Eso sería, obviamente, inconstitucional.

"Pero tampoco los padres y madres, y menos las iglesias, podemos pretender que el Estado deje de cumplir con su deber de educar desde criterios éticos y científicos en aspectos fundamentales para el sano desarrollo y para la sana convivencia entre las y los ciudadanos. La sexualidad, sin duda, es uno de esos aspectos fundamentales," plantea el texto y argumenta que ILCO tiene plena conciencia de que la resolución de Recursos de Amparo es una competencia exclusiva de la Sala Constitucional, la cual resuelve de conformidad con el Derecho de la Constitución y no con base en criterios extrajurídicos, como pueden ser los morales o religiosos.

"No obstante, al haber sido interpuestos miles de Recursos de Amparo contra la ejecución del Programa del MEP "Educación para la Afectividad y la Sexualidad," por ciudadanos influidos – según ha sido público y notorio- por autoridades eclesiásticas católicas y evangélicas, consideramos nuestro deber, como Iglesia, como creyentes y como ciudadanas y ciudadanos, darle a conocer la visión de nuestra Iglesia Luterana, la cual se aparta del criterio de líderes católicos y evangélicos costarricenses."

También se expresa que ILCO considera que "las creencias particulares sobre la sexualidad," promovidas desde algunas iglesias, no pueden constituir un criterio impuesto a toda la población; ya que en una sociedad democrática y respetuosa de los Derechos Humanos, el Estado debe garantizar una educación sexual según los estándares internacionales.

"Con total respeto a su condición de Magistrada de la República, y con plena confianza en que la Sala Constitucional resolverá los Recursos de Amparo conforme a Derecho, agradecemos la atención que se sirva poner a la presente y nos ponemos a su disposición para lo que considere pertinente."

"Seguimos orando para que las decisiones que se tomen desde la Sala Constitucional sirvan para fortalecer la convivencia, la libertad y la responsabilidad, y en esa medida también hagan retroceder la intolerancia y el fanatismo," concluye el documento de la Iglesia Luterana Costarricense, rubricado por su máximo representante, el obispo Jiménez, la cual se autodenomina "una Iglesia sin paredes," aludiendo a su compromiso social con el pueblo.

Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación