4 noviembre 2011

CIUDAD DE MÉXICO – Doscientos setenta casos de intolerancia religiosa ocurrieron en el país, entre 2006 y 2011, mientras el gobierno de Felipe Calderón ha tenido una participación mínima en juzgar a sus autores y oculta este tipo de discriminación, cuando hay más de 2 mil personas expulsadas de sus propiedades en este período, expresó este jueves un artículo del diario La Jornada.

De acuerdo a una denuncia hecha por la agrupación A Favor de la Libertad Religiosa, que preside el líder evangélico Óscar Moha, el actual gobierno es responsable de los atropellos, asesinatos, violaciones a mujeres, expulsión de niños de escuelas públicas, despojo de tierras, quema de templos e, incluso, la negativa a que un evangélico fuera sepultado en un panteón, expresó que resulta imprescindible que tanto el Congreso como la Comisión de Derechos Humanos establezcan instancias que atiendan a estas denuncias, ante la vulnerabilidad que vive el pueblo, cuando la Oficina de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación resta importancia a los hechos, dando paso así a la impunidad.

Un encuentro celebrado por la entidad A Favor de la Libertad Religiosa, dejó al descubierto 16 actos de intolerancia religiosa, ocurridos este año, en Estados como Guanajuato, Querétaro, Puebla, Jalisco, Chiapas y el Distrito Federal, entre otros.\

Sobre el asunto, la diputada Rosario Brindis Álvarez, en una entrevista concedida a ese mismo diario, señaló que ya se promueve, a nivel de la Cámara de Diputados, una comisión especial de asuntos religiosos que afronte el problema, aunque descartó que en esta legislatura pueda tomar cuerpo legal dicha organismo, porque dijo que a pesar de que hay interés en la cuestión por parte de todos los partidos, la agenda prioriza la discusión de temas como la reforma política y el presupuesto para el 2012.

También expresó que se ha recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la pasividad del actual Gobierno, cuando algunos ciudadanos solicitan asilo en los Estados Unidos, alegando como motivo la persecución religiosa que sufren.

Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación
FUENTE: La Jornada