4 mayo 2011
por Mayra Rodríguez

CIUDAD DE GUATEMALA – Como un hecho histórico puede calificarse el que alrededor de 10 comunidades indígenas de San Juan Cotzal, El Quiché, que demandan un diálogo sin intermediarios con la empresa que construye una hidroeléctrica en la finca Palo Viejo de dicho lugar, hayan pedido ayer el acompañamiento de monseñor Álvaro Ramazzini, obispo de San Marcos y al pastor Vitalino Similox, secretario general del Consejo Ecuménico Cristiano de Guatemala, para que den fe del proceso que ya ha generado conflicto social.

El conflicto se inició en el 2008, cuando la empresa italiana ENEL firmó un convenio con la municipalidad de San Juan Cotzal para la instalación de una hidroeléctrica, en el cual se comprometió a realizar proyectos comunitarios que, a la fecha, las comunidades ixiles afirman no haberse concretados, por lo que en enero de 2011 instalaron una talanquera en San Felipe Chenlá, San Juan Cotzal, que impide el paso al transporte pesado que traslada materiales de construcción de la represa, ante lo cual la compañía abrió proceso penal a varios líderes comunitarios.

En marzo de 2011, el gobierno de Guatemala envió unos 500 elementos de seguridad entre agentes de la Policía Nacional Civil y del Ejército, quienes, con gorros pasamontañas y con armas de alto calibre, removieron violentamente la talanquera, alegando bloqueo a la libre locomoción, motivo que alteró severamente el orden público y regresó el terror a las comunidades que, apenas hace 14 años, dejaron de sufrir los embates de un conflicto armado interno, cuando los militares arrasaron con localidades enteras.

Estas comunidades indígenas, ubicadas a unos 300 kilómetros de esta capital, con total precariedad y donde los niveles de pobreza se agudizan alejados de todos los servicios básicos, luchan por cuidar su única riqueza: los bienes naturales de su territorio y por tener algún beneficio de las ganancias que la empresa logrará tras la construcción de la hidroeléctrica y el aprovechamiento del agua, sin embargo, el gobierno central ha concedido a la empresa un contrato de explotación por 50 años, sin consultar a sus autoridades ancestrales, lo cual ha complicado aún más la situación.

El bloqueo al paso de maquinaria y personal de la empresa ENEL es la única medida de presión que las autoridades tienen para que tanto el Gobierno como los empresarios les presten atención, por lo que con esta estrategia han logrado detener por tres meses las operaciones de los empresarios, quienes han decidido atender la solicitud de diálogo.

Ayer, los líderes comunitarios y los representantes de la empresa se reunieron en la Auxiliatura Indígena de San Felipe Chenlá, teniendo como garantes a sus testigos de honor y para hacer posible el diálogo se han demandado acabar con las medidas de presión. Las comunidades no confían en el Gobierno, pues afirman que en lugar de velar por el bien común han respaldado las demandas de la entidad extranjera.

La primera reunión fue bastante fructífera, y después de nueve horas en las que hubo momentos de tensión los cuales fueron calmados por la oportuna intervención de los testigos, se logró el compromiso de parte de la ENEL de retirar las órdenes de captura y clausurar el proceso penal iniciado al liderazgo comunitario, y a cambio la comunidad ofreció abrir el paso a la maquinaria para que se continúen con las operaciones de construcción de la represa.

Ambas partes acordaron reunirse de nuevo, este sábado próximo, para establecer las bases de la negociación, pero en principio han convinieron que tanto los representantes de la empresa como de las comunidades, tengan capacidad de decisión para que puedan ser resueltas las demandas de un pueblo que ha permanecido por más de 2 mil años en el territorio en el que se está construyendo la hidroeléctrica.

Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación