15 abril 2011
por Mayra Rodríguez

CIUDAD DE GUATEMALA – Tras haber sido suspendida en dos ocasiones, ayer por fin se llevó a cabo la primera audiencia en la que fueron escuchados por el Juez Emilio Sánchez, ocho defensores de las fuentes de agua ubicadas en la Montaña de las Granadillas, Zacapa, quien, después de oír a las partes involucradas y evaluar las pruebas testimoniales y documentales presentadas por estas, los desligó del proceso y les absolvió de los delitos imputados por falta de evidencias.

Entre los ocho se encontraba un religioso luterano y una mujer. Habían sido acusados de detenciones ilegales, amenazas y alteración del orden público, por los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2010, en la aldea La Trementina, Zacapa, cuando finqueros dedicados a la explotación forestal destruyeron un par de postes que habían sido colocados por líderes comunitarios para impedir el paso de camiones cargados de madera procedente de la Montaña Las Granadillas.

Ello produjo que un centenar de personas se aglomerara y obligara a los finqueros a colocar de nuevo los postes, en presencia de guardias de la División de Protección de la Naturaleza y de la Policía Nacional Civil, hecho que motivó a los primeros a abrir un proceso penal, con el apoyo del Ministerio Público.

El Ministerio Público se constituyó en el ente acusador y solicitó ligar a la causa penal a los sindicados, presentando al juez declaraciones testimoniales y documentales de las personas agraviadas.

Cada uno de los sindicados fue escuchado e interrogado por separado, tanto por ese organismo como por el procurador de los querellantes y los abogados defensores.

Mientras tanto, se iban agregando documentos y pruebas que desvirtuaron la veracidad de los delitos que pesaban en su contra, y es que varios de los acusados no estuvieron en el lugar el día y a la hora de los hechos; tal el caso de José Pilar Álvarez, pastor de la Iglesia Luterana Guatemalteca, quien demostró que estuvo fuera del país del 23 al 27 de septiembre atendiendo una invitación de la Federación Luterana Mundial; Rubén de Jesús Aldana, que estuvo en una reunión comunitaria a 10 kilómetros de distancia del lugar de los hechos y Sergio Menéndez, el cual estaba en su lugar de trabajo, en la cabecera departamental de ese territorio. Incluso, Glenda Antón, única mujer que figuraba entre los sindicados, estaba por dar a luz en la fecha señalada y llegó con su bebé en brazos.

"Ligar a proceso penal en este caso es una situación meramente aventurada, pues el Ministerio Público no individualizó la participación de cada imputado, no hizo inspecciones oculares, faltó abundar en pruebas testimoniales y tampoco verificó la autenticidad de las fotografías presentadas como medio de prueba," afirmó el juez del Juzgado de Primera Instancia Penal, Delitos contra el Ambiente y Narcoactividad de Zacapa, quien, además, dijo que el hecho de que una persona participe en una iglesia o asociación como defensor de la naturaleza, no es motivo de delito.

"Con mucha alegría les informamos que el juez, luego de valorar todas las pruebas y acusaciones, concluye que por falta de méritos quedamos libres, no encontró elementos para ligarnos a ningún proceso; estamos felices porque la justicia prevaleció en este caso y la verdad salió a relucir, pues quienes nos estaban acusando lo hacían mediante pruebas falsas," afirmó el pastor luterano Álvarez Cabrera, al salir de los tribunales.

"Agradecemos su apoyo, presencia y solidaridad, y Dios no nos abandona cuando defendemos causas humanas. Se ha demostrado una vez más que nos han acusado con pruebas falsas, y en esta ocasión felicitamos al juez, porque hizo ver al Ministerio Público sus fallas y porque no hace las investigaciones como debe ser, al punto de acusar a personas que ni estuvimos ahí," expresó Rubén de Jesús Aldana, dirigente de la Asociación para la Protección de la Montaña Las Granadillas.

La audiencia corrió a eso de las 10:00 horas y finalizó alrededor de las 14:30. Los ocho acusados, la mayoría campesinos dedicados a la agricultura, fueron acompañados por varias organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, así como por gente de las comunidades, que desde muy temprano se reunieron en el Teatro al Aire Libre de Zacapa, donde oraron en un ambiente ecuménico, dirigidos por sacerdotes católicos y pastores evangélicos, para luego caminar hacia el juzgado correspondiente, donde permanecieron hasta escuchar la resolución pronunciada por el magistrado competente.

Los afectados agradecieron el acompañamiento y la solidaridad de quienes les han acompañado y apoyado en la lucha por proteger sus fuentes de agua, lucha que les ha acarreado amenazas de muerte y persecución penal, desde hace varios años, y que se generaliza en otros casos más en el territorio nacional, donde líderes campesinos y religiosos han sido criminalizados por oponerse a la explotación, sin restricciones, de sus bienes naturales y del medio ambiente.

Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación