11 abril 2011

MONTEVIDEO, Uruguay – Ante el debate social por la seguridad y un proyecto de baja de edad de imputabilidad-como supuesta medida de solución de la inseguridad-, la Iglesia Metodista en el Uruguay (IMU) dio a conocer una declaración pública firmada por su Presidente, pastor Raúl Sosa.

La preocupación por la seguridad es cada vez mayor en nuestra sociedad, e indudablemente esta demanda no sólo es legítima sino, también, absolutamente necesaria para alcanzar una saludable convivencia social, reza el documento. Pero alerta: "Hay que estar muy atentos para que ese afán por conseguir mayor seguridad no se nos vuelva en contra y acabe generando un círculo perverso de violencia que nos lleve a armarnos para defendernos, que nos enfrente a unos contra otros bajo la lógica del temor, la sospecha y el prejuicio, o que escoja «chivos expiatorios», que indefectiblemente se encuentran en los lugares de mayor vulnerabilidad social, para depositar en ellos las cargas y los sentimientos más negativos presentes en la sociedad."

Sobre la iniciativa de reformar la Constitución bajando a 16 años la edad de imputabilidad, se pregunta: "¿Acaso, por esa vía, no estaremos cayendo en un doble discurso social, en el que al mismo tiempo que colocamos a los niños y adolescentes infractores en el foco de nuestra condena, nos mostramos incapaces de superar definitivamente una ley que estableció la caducidad de la pretensión punitiva del Estado ante delitos de lesa humanidad?"

Señalando la ley de caducidad, dispara el interrogante social: "¿no constituirán parte de una colección de ejemplos negativos que los adultos brindamos a nuestros niños, niñas y adolescentes, que los inducen a pensar que es posible y hasta legítimo infringir la ley y romper el contrato social de respeto mutuo según nuestra conveniencia?"

El documento metodista afirma que la seguridad crece cuando se afirman los derechos de quienes constituyen los segmentos más débiles y sufridos del colectivo social, y no cuando esos derechos se ignoran y se recortan. Y por otra parte subraya que la seguridad es la consecuencia natural de la responsabilidad personal y social. " Cuando la responsabilidad se debilita, ineludiblemente también se debilita la seguridad," dice.

Considera fundamental reafirmar la Convención de los Derechos del Niño, la cual establece que ningún menor de 18 años puede ser juzgado por la misma justicia que rige para los adultos. También afirma que es preciso reafirmar el Código de la Niñez y la Adolescencia en virtud del cual se puede imputar y juzgar a menores, hasta los 13 años de edad, que cometan infracciones graves, de acuerdo con la normativa establecida en dicho Código.

"Con respecto al principio de responsabilidad, de la misma manera que el Código de la Niñez y la Adolescencia demanda la responsabilidad de los mayores de 13 años sobre sus actos y conductas infractoras, también la sociedad debe demandarse a sí misma una mayor responsabilidad con los niños, niñas y adolescentes," desafía.

Sobre el final de documento enfatiza algunos puntos de responsabilidad de las familias, el sistema educativo, las redes sociales (entre ellas, las iglesias) y los medios de comunicación.

Particularmente en este tiempo en que, a la luz del Bicentenario, buscamos reforzar nuestras bases fundacionales, dice, "el desafío de la Escritura se vuelve impostergable: restaurar la niñez maltratada y devolverle su condición de niños y niñas, puesto que esa es la mayor fuerza de restauración de una sociedad que aspira a alcanzar mayor justicia, mayor integración e inclusión, y mayor seguridad. Sostener a nuestros niños, especialmente los más sufridos, garantizándoles sus derechos es el mejor camino para asegurar la vida de todas y todos los uruguayos."

Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación