30 noviembre 2010

TEGUCIGALPA, Honduras – Un grupo de líderes religiosos de la región noroccidental de esta nación advirtieron este lunes que si no obtienen respuesta inmediata de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre un recurso de amparo de inconstitucionalidad impuesto ante ese organismo, por la puesta en vigencia de la Ley Marco de la Iglesia Evangélica de Honduras, harán la denuncia ante instancias internacionales.

La denuncia se basa en que afirman que dicha ley no fue lo debidamente socializada, por lo cual no reúne las máximas aspiraciones de los creyentes quienes, de manera enérgica, han exigido a los diputados del Congreso Nacional (CN) y al presidente Porfirio Lobo, que modifiquen lo que ellos califican de "adefesio jurídico," en tanto, según los demandantes, lejos de reconocer el papel del sector religioso lo divide y excluye, además de que violenta la llamada libertad de culto.

Según el diario La Tribuna, la pasada semana se celebró una reunión donde participaron la Plataforma Pro-Libertad Cristiana, la Coalición Pastoral y Ministerial de Honduras, el FORUM Pro Transparencia Cristiana, la Coalición de Iglesias Evangélicas del Valle de Sula y las iglesias y ministerios independientes, quienes exigieron al CN tomar en consideración el anteproyecto de reforma que ellos presentaron al respecto, a la par que pidieron al Presidente de la República, que cumpla con el compromiso expresado en el Consejo de ministros, de emprender un amplio diálogo y reformar, si fuera necesario la ley ya aprobada creyendo que había pasado el proceso de socialización, a fin de que la misma consiga el objetivo para el cual fue creada en aras del bien colectivo de la sociedad hondureña.

El pastor Carlos Méndez llevó al voz cantante en diálogo con la prensa. Según el predicador, con esa ley se le concede plenipotenciariamente la representación legal y jurídica, así como el derecho de petición ante el Estado y todas sus dependencias, a la Confraternidad Evangélica de Honduras, lo que lesiona la ley primaria o sea, la Constitución de la República.

La Confraternidad agrupa al 90 por ciento de los 9,000 pastores evangélicos que están registrados en Honduras.

"Se le ha dado la exclusividad a esa organización, lo que consideramos arbitrario; aclaramos que no estamos en contra de que haya ley, porque sabemos que la misma Escritura nos dice que un pueblo sin ley se corrompe, pero no estamos de acuerdo en que ese ente deba regirnos como Iglesia Evangélica y sea juez y parte," afirma.

Explicó que con esa nueva legislación, el riesgo o peligro que corren las iglesias protestantes es que quedarían al margen, pues pese a que hay un principio de libre asociación en la Constitución de la República, este nuevo código dice que toda iglesia que no esté afiliada a la Confraternidad, no podrá ser reconocida como tal, sino que su personalidad jurídica sería como una organización civil u Organización no Gubernamental (ONG'S), por lo que desde ya han puesto el" grito al cielo."

Recalcó que la misma no cumple con los objetivos, finalidad y propósitos para lo cual fue creada, ya que sus efectos conllevan la división y desarmonía del pueblo cristiano, pues que no es cierto que la Confraternidad Evangélica, los representa a todos.

A modo de conclusión, los pastores y líderes religiosos que han lanzado la denuncia, condenaron a aquellos evangélicos que, según sus palabras, se apartan de los valores crisitanos, juegan un papel servilista y no protagónico a favor de la Iglesia frente al Estado, "amando el principio de todos los males (el dinero), las mieles del poder y el señorío" que una "política vernácula" les ofrece.

Los demandantes han afirmado que de no tenerse en cuenta su solicitud llegarían hasta las últimas consecuencias por defender la libertad de culto del pueblo hondureño y los derechos de la Iglesia, como institución, ante el Estado.

Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación