4 noviembre 2010
por Julio A. Carles

CIUDAD DE PANAMÁ – La delegación oficial de 21 funcionarios panameños había llegado antes de iniciarse la sesión y esperaba ansiosa. Era la primera vez que Panamá tendría que pasar ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo que ahora se conoce como el Examen Periódico Universal, donde cada Estado expone su versión de logros y la situación del país en esa materia.

Cinco funcionarios residentes en Ginebra se entremezclaban con los 16 que habían llegado desde Panamá, mientras que a unos metros observaban el defensor del Pueblo panameño, Ricardo Vargas, y el defensor adjunto, Carlos Vásquez Reyes. A las 3:15 p.m. empezó la sesión. Treinta minutos después Panamá había concluido su informe y enfrentaba las preguntas y recomendaciones de sus pares.

En una sala cubierta de silencio la voz de la ministra de Gobierno, Roxana Méndez, resonó leyendo pausada, pero firme el reporte oficial del Estado panameño ante los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el Examen Periódico Universal que se llevó a cabo este martes, Día de los Difuntos, en el Palacio de las Naciones Unidas en la helada ciudad de Ginebra.

La versión oficial se inició con el reconocimiento del valor de los derechos humanos para la consolidación de la democracia, la conquista de la paz y su vigencia.

Se pasó revista de lo que se describió como los logros del país en materia de derechos humanos relativos a la situación de la mujer respecto a la prevención y sanción de la violencia en su contra, la discriminación y la falta de equidad en la representación y participación política.

También se reportaron los avances y los esfuerzos que se realizan respecto a los derechos al trabajo, a la salud, la protección a la niñez, la educación, el cuidado de los más vulnerables y los derechos de los pueblos. Todos tópicos predecibles.

La sorpresa llegó con la inclusión de temas más delicados y menos halagadores: los incidentes de violencia suscitados en la provincia fronteriza con Costa rica, Bocas del Toro, en julio pasado, en los que se demandaba la derogatoria de la Ley 30, ( que hizo cambios en varios códigos de la República ) y las tensiones con los medios de comunicación.

Sin que se notara un cambio en el tono, la ministra Méndez detalló: "Dichos acontecimientos [Bocas del Toro] dejaron un saldo de dos personas fallecidas, más de un centenar de heridos, 76 personas afectadas de la vista, dos con pérdida permanente, y 56 policías heridos." Saldo que discrepa con las conclusiones de la comisión independiente que dirigió Roberto Troncoso, ex presidente de la Comisión Panameña de Derechos Humanos, y que reportó 767 heridos; además de la sospecha de que hay, al menos, otros cinco muertos.

Junto con el reporte de los incidentes de Bocas, la representante panameña señaló las acciones que tomó el gobierno de Ricardo Martinelli para mitigar las consecuencias de lo ocurrido, citando la creación de la Comisión especial para la mesa del diálogo, la comisión especial que investigó lo sucedido y otras.

Especial hincapié puso la ministra en el renglón de libertad de expresión. Señaló que el Estado panameño "tiene el firme compromiso de preservar, promover y proteger la libertad de expresión, como también el derecho a la información." Incluso, apuntó que Panamá ha tenido avances legislativos importantes en materia de libertad de expresión. Aseguró que "El Estado desea expresar que no existe una política de persecución de periodistas en Panamá." Y esta aseveración se resaltó en negritas en la versión escrita que se distribuyó en la sala.

Delegados de 34 países comentaron el reporte panameño. No faltaron los elogios por la "posición valiente y franca" del Estado panameño. Pero otros hicieron serios señalamientos sobre temas claves: libertad de expresión (Francia, Canadá, Reino Unido); estado del sistema penitenciario; Bocas del Toro (Alemania, Eslovaquia, Noruega, Estados Unidos, Canadá); y separación de poderes (Italia). Uno de los tópicos más abordados fue el llamado a ratificar el Protocolo facultativo a la Convención contra la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, firmado en septiembre. También se hizo hincapié en los derechos de los trabajadores migrantes y discapacitados.

La sesión cerró con la jefa de la delegación panameña comprometiéndose, en nombre de su Gobierno, a fortalecer el ordenamiento jurídico con la adopción y ratificación de los instrumentos internacionales pendientes para la protección de los derechos humanos.

Además, la Comisión interinstitucional, que se creó para hacer el informe que se presentó, se hará permanente para darle seguimiento a las recomendaciones y compromisos, con la participación de la Defensoría del Pueblo y con los representantes de la sociedad civil.

Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación