3 septiembre 2010

QUITO, Ecuador – El programa de registros, incentivado por el gobierno ecuatoriano en las cinco provincias de la frontera norte del Estado, detectó este año la presencia de 28 mil refugiados colombianos en el país, dentro de ellos personas víctimas de la explotación sexual y del narcotráfico controlado por grupos colombianos armados.

El Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) propuso un encuentro binacional de iglesias en la frontera de los dos países para racionalizar y coordinar los proyectos de apoyo a refugiados en los dos países, evitando, así, la duplicación de esfuerzos de la asistencia humanitaria.

La propuesta fue presentada por el secretario general del CLAI, pastor Nilton Giese, la comisión de representantes de iglesias de los Estados Unidos que estuvo en Quito del 27 al 31 de agosto para conocer mejor la situación de las víctimas de la guerra civil colombiana que se refugiaron en el Ecuador.

Representantes de organismos ecuménicos presentes en la frontera norte de Ecuador denuncian o cuadro de violencia en la región, que tiene raíces en el narcotráfico. Paramilitares y narcotraficantes colombianos controlan las rutas de distribución de la droga en el Ecuador. Asesinatos no son investigados por temor a los grupos armados.

La pobreza es alarmante en la región. Más del 70% del comercio entre Colombia y Ecuador en el área son ilegales. Cerca de 30% de la población precisa de protección internacional. En la localidad de San Lorenzo, 10 mil colombianos viven en situación de extrema miseria, sin ningún tipo de asistencia de salud, educación o servicios públicos. Energía eléctrica en el área sólo existe tres días por semana.

Del lado colombiano, el gobierno no permite la salida de refugiados al Ecuador, lo que aumenta la desesperación de las víctimas, que no tienen ningún tipo de seguridad en ese país.

Giese explicó a los visitantes que la solución de largo plazo de los conflictos en esa región del Ecuador no se dará por más presencia militar. "Lo que la región precisa es de inversión económica, presencia de los servicios del Estado que favorezcan el desarrollo de las comunidades, con mejores vías de acceso y valoración de los productos agrícolas tradicionales que puedan ser una alternativa al cultivo de la coca," defendió.

El secretario general del Consejo Nacional de Iglesias de Cristo en los Estados Unidos, Michael Kinnamon, y el presidente del Servicio Mundial de Iglesias, obispo anglicano Johncy Itty, que lideran la comitiva de los visitantes, manifestaron el deseo de ampliar las relaciones con el CLAI en la defensa de los derechos humanos de los refugiados.

"Nosotros no apoyamos la construcción de las siete bases militares en Colombia y estamos dispuestos a hacer incidencia en el Congreso de los Estados Unidos para que la ayuda a América Latina sea más direccionada a proyectos del medio ambiente y promoción social," dijo Kinnamon.

Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación