9 agosto 2010

CIUDAD DE MÉXICO – El aborto, como causa de criminalidad, está previsto que sea condenado en 18 de los 31 estados mexicanos, con la imposición de multas y hasta severas condenas de privación de libertad. Más de la mitad de esos Estados legislaron, el pasado año, en contra del derecho a ejercer la maternidad libre y voluntaria, introduciéndose, dentro de las normas jurídicas, el nuevo concepto de proteger la vida desde el momento mismo de la fecundación, a fin de que el aborto condene a las mujeres como a los profesionales que lo practiquen.

En algunos de esos territorios las reformas niegan el uso de anticonceptivos, sean cuales sean.

Mientras, las condenas no serán igual de rigurosas en unos que en otros. Por ejemplo, Veracruz condenaría a trabajo comunitario y medidas educativas y de salud entre las mujeres que infrinjan la ley. Sin embargo, Rocío García Gaytán, directora del Instituto Nacional de las Mujeres, dijo que el someterlas un tratamiento de readaptación implicaría, igualmente, un carácter discriminatorio en contra de las féminas.

Algunos medios de prensa comentan que zonas como Puebla, Tamaulipas, Oaxaca, Jalisco, Nayarit y Campeche, establecieron condenas mayores que pudieran ser duplicadas o triplicadas si se prueba que las culpables poseen mala fama, ocultan su embarazo o quedan en gestación como resultado de una unión fuera del matrimonio.

Según la secretaria de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Teresa del Carmen Incháustegui, estas nuevas disposiciones confluyen en lo que ella considera una aberración, en tanto contravienen tres principios elementales de las mujeres como son sus derechos reproductivos y sexuales, la doctrina de la persona jurídica y el Estado laico, como esencia social. Y puso de ejemplo la ciudad de Guanajuato, donde quienes abortan pueden ser juzgadas, bajo la figura delictiva de "homicidio en razón de parentesco," con condenas de hasta 40 años de privación de liberad, mientras que gran cantidad de criminales abandonan las cárceles, luego de permanecer cinco años en prisión.

Diversas organizaciones civiles y de los derechos humanos de las mujeres en México pidieron en el presente año a la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, que se interese en dichas reformas constitucionales, en tanto resulta una situación alarmante el número de Estados a favor de leyes discriminatorias, cuando especialistas del derecho constitucional advierten que el fenómeno es expresión del sectarismo religioso que ha sustentado, históricamente, al país, y la jerarquía católica y los sectores más conservadores han rechazado, de manera reiterada, programas encaminados a una educación sexual en edades tempranas desde las escuelas y lo referido al tema dentro de la Salud Pública del gobierno federal.

Si bien desde mayo del presente año, la Suprema Corte de Justicia declaró como norma constitucional válida, la correspondiente a la obligación de brindar servicios médicos en tal sentido y ofrecer a todas las mujeres víctimas de la violencia sexual la "anticoncepción de emergencia," lo cierto es que los patrones religiosos continúan imponiéndose en contra de los derechos de la mujer, creando división de puntos de vista y criterios en torno al tema dentro del pueblo mexicano.

Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación