9 agosto 2010

SAN JOSÉ, Costa Rica – La Coalición de Organizaciones y Grupos de la Diversidad Sexual de Costa Rica, lucharán contra la realización de un referendo acerca de si se permiten o no las uniones civiles de gays y lesbianas, al ser considerado por sus integrantes como un intento de violación de los derechos humanos a esos grupos en el país.

La noticia fue dada a conocer ayer en esta capital, frente a una iniciativa tomada por cuatro abogados y respaldada por 150 mil firmas -20 mil más de las exigidas legalmente-, que validó que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), halla fijado para el 5 de diciembre una consulta popular en la que la decisión, a favor o en contra, sea resuelta por la población y no por el Poder Legislativo.

Su concreción dependerá, ahora, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, la cual deberá determinar sobre un recurso contra la iniciativa, si se basa en que el respeto a los derechos humanos no puede ser sometido al proceso de una consulta popular.

El referendo es promovido por el Observatorio Ciudadano, entidad tras la cual se parapeta la Iglesia católica para evitar las acusaciones de injerencismo religioso en asuntos de política, cuando, desde el 2006, se discute un proyecto de ley de Unión Civil entre parejas de un mismo sexo en la unicameral Asamblea Legislativa costarricense.

Las opiniones y los sondeos realizados hasta ahora han coincidido en que el resultado de un referendo sería contrario que Costa Rica integre el grupo de países que aprueban, de manera legal, este tipo de uniones, a partir de la presión que realizan los sectores más conservadores de la sociedad costarricense y, sobre todo, la Iglesia católica. A ello se suma que un considerable número de firmas fue recogido en templos evangélicos.

Laura Chinchilla, presidenta del país y muy cercana a la alta jerarquía católica, ha dado a entender su posición conservadora, ha dicho que se trata de un tema que no es prioridad y ha pedido una discusión respetuosa "libre de estigmas y reduccionismos" que lleven a una toma de decisión errada.

Sectores sociales en contra de tal propuesta, expresan que un referendo violaría la Carta Magna de Costa Rica, además de atentar contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que pondrían una denuncia frente a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que, precisamente, tiene su sede en esta capital.

Por su parte, los movimientos a favor de los derechos sociales y el respeto a la diversidad sexual han manifestado que de aprobarse la consulta popular, ellos presentarían un proyecto de ley referido a Sociedades de Convivencia, el cual en la Asamblea Legislativa cuenta con mucha más presencia de apoyo que el referido a la unión civil entre personas de un mismo sexo, en tanto resulta más abarcador del respeto a la diversidad, llámese de cualquier tipo, a fin de lograr una garantía total a cualquier tipo de grupo social que proclame respeto mutuo y la convivencia pacífica.

Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación
Fuentes: agencia IPS y medios locales