11 agosto 2010

COLOMBIA – En Audiencia Pública, el pasado 22 de julio, una delegación extranjera compuesta por diez dirigentes sindicales, seis miembros del Parlamento Europeo, tres miembros del Parlamento Británico, tres delegados de España y dos de Estados Unidos atestiguaron la existencia de la gigantesca fosa común al sur de Bogotá, Departamento del Meta, en el pueblito de la Macarena. Ese mismo día, Colombia solicitó la convocatoria urgente de la OEA para denunciar la presencia en Venezuela, de miembros de las FARC y el ELN.

Según consignan las pocas agencias internacionales que dieron a conocer el tema, en el pequeño pueblo de La Macarena, a 200 kilómetros al sur de Bogotá, una de las zonas más calientes del conflicto colombiano, se encuentra la mayor fosa común de la historia reciente de Latinoamérica, con una cifra de aproximadamente 2.000 cadáveres.

El secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia, Jairo Ramírez, afirmó : "Lo que vimos fue escalofriante, infinidad de cuerpos, y en la superficie cientos de placas de madera de color blanco con la inscripción NN y con fechas desde 2005 hasta hoy."

Ramírez agregó: "El comandante del Ejército nos dijo que eran guerrilleros dados de baja en combate, pero la gente de la región afirma que eran líderes sociales, campesinos y defensores comunitarios que desaparecieron sin dejar rastro."

La localización de estos cementerios clandestinoa, según se informa, ha sido posible gracias a las declaraciones de los mandos medios, presuntamente desmovilizados del paramilitarismo y acogidos a la controvertida Ley de Justicia y Paz que les garantiza una pena simbólica a cambio de la confesión de sus crímenes.

En tanto, la agencia ANSA informó que el diputado Iván Cepeda-defensor de derechos humanos y diputado del Polo Democrático- dijo: "Los contribuyentes de Estados Unidos" financian "crímenes de lesa humanidad" en Colombia, refiriéndose a la denuncia de la fosa común, que atribuyó a la política del "falso éxito militar" del gobierno de Alvaro Uribe.

Para brindar información hasta ahora desconocida sobre La Macarena, fueron citados para el 25 de agosto al Parlamento los ministros de Defensa, Interior y Relaciones Públicas del flamante gobierno de Juan Manuel Santos. También fue invitado el fiscal general a informar en qué punto están las investigaciones en el terreno.

Los organismos de derechos humanos sostienen que es un "cementerio clandestino," al lado de la base que alberga la Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército, que cuenta con fondos de Estados Unidos en el marco del Plan Colombia.

Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación