24 junio 2010
por Julio A. Carles

CIUDAD DE PANAMÁ – La Iglesia católica panameña solicitó la revisión de la denominada "Ley chorizo," sancionada y promulgada, la semana pasada, por el presidente de la República, Ricardo Martinelli.

Mediante un comunicado de la Comisión de Justicia y Paz, refrendado por la Conferencia Episcopal Panameña que preside monseñor José Luis Lacunza y el arzobispo de Panamá monseñor José Domingo Ulloa, la Iglesia sustenta que la norma debe ser revisada con la participación de todos los sectores, lo que aseguraría una "convivencia pacífica y una auténtica vida democrática."

El documento destaca que se valora "la urgente necesidad" de buscar un mecanismo de acercamiento para encontrar una salida política.

Además, manifiesta su preocupación por la posibilidad de que medidas para fortalecer la Fuerza Pública puedan ser utilizadas para la violación de los derechos humanos y poner en riesgo la vida de los ciudadanos.

La Ley 30, dicta medidas para promover el desarrollo sostenible de la Aviación Comercial en Panamá y además incluye polémicas reformas laborales, penales, judiciales y ambientales. En materia laboral, la ley estipula que el empleador no está obligado a descontar a sus trabajadores ninguna cuota a favor de los sindicatos y que la mismas debera ser de forma voluntaria. Además da orden inmediata a las autoridades de la Policía para que garanticen y protejan a las personas y propiedades una vez iniciada una huelga. Así como también ordena la suspensión de las labores de los trabajadores que apoyan una huelga.

Se trata del segundo llamado que hace la Iglesia católica ante anuncios del gobierno nacional. El primero, tuvo relación con la posibilidad de liberar el domingo como día de descanso.

La Iglesia sostiene que los gobiernos deben asumir la tarea de "promover y garantizar una verdadera responsabilidad ecológica," y que no pueden "aprobarse proyectos que destruyan la naturaleza, más allá de lo estrictamente necesario."

Agrega que, en este sentido, los obispos latinoamericanos se han manifestado a favor de la "promulgación de políticas públicas y participaciones ciudadanas que garanticen la protección, conservación y restauración de la naturaleza."

También plantea que las "leyes deben garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores y sus organizaciones, y las reformas, salvo que se trate de situaciones abusivas, no deben lesionar los derechos que los trabajadores han logrado como resultado de años de luchas y sacrificios."

Monseñor Ulloa, quien se encuentra en estos momentos en El Vaticano, Roma, recibió el viernes pasado a los representantes de las agrupaciones ambientalistas, opuestas a la Ley 30, quienes expresaron su preocupación por el rumbo que estaba tomando el problema.

La norma, que excluye del proceso de evaluación ambiental los proyectos que el Gobierno decida, viola convenios comerciales, de derechos humanos y ambientales, dicen los ambientalistas. "Los únicos beneficiados de la eliminación de los estudios de impacto ambiental son los grandes intereses económicos, tanto nacionales como internacionales," denuncian desde las organizaciones ambientales.

Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación