12 abril 2010
por Julio A. Carles

CIUDAD DE PANAMÁ – Después de que la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional de Diputados de Panamá, aprobara en segundo debate sanciones de hasta dos años de cárcel para quienes cierren calles, se produjo la reacción adversa de la sociedad civil.

Si bien el obispo metodista y presidente del Comité Ecuménico de Panamá, Pablo Morales, considera que se deben regular los cierres de calles, porque se violenta el derecho de circulación, advierte que penalizar hasta con dos años de cárcel a quien lo haga podría ser utilizado por el Gobierno "para acallar al pueblo."

Según el religioso, ya el Ejecutivo ha dado muestras de "ser alérgico a la crítica y busca todos los medios para que no lo critiquen." El obispo reiteró que, aunque el tema de las protestas debe ser regulado, la forma en cómo lo hizo la Asamblea Nacional no fue la mejor, porque se hizo dentro de un proyecto de ley que reactivaba el récord policiaco, como medida de preservación de la seguridad, que no tenía nada que ver con la materia.

Por su parte, Luis Moreno, de la Fundación Ética y Civismo, opinó que, en primera instancia, esta propuesta parece "desproporcionada, muy fuerte y excesiva." Moreno señaló que antes de aprobar esta medida se debe buscar, primero, solución a los problemas sociales que provocan los cierres de calles, como lo son la falta de agua y de vías de comunicación.

Sin embargo, Moreno considera que el país entero clama porque se termine lo que llamó el irrespeto al libre tránsito por las calles y los cierres violentos de las mismas en la ciudad-capital de Panamá que, en las ultimas semanas, dejaron daños considerables al estado panameño y a particulares por parte de obreros de la construcción, que protestaban debido al aumento de impuestos nacionales del 5 por ciento al siete.

Entre tanto, Carlos Gasnell, del capítulo panameño de Transparencia Internacional, calificó la medida como "desproporcionada" y consideró que, con esta acción, se pretende disuadir a las personas que utilizan las protestas como medida de presión contra el Gobierno.

El activista añadió que estas situaciones provocan que los ciudadanos, sobre todo los que representan a organizaciones de la sociedad civil, tengan reservas para emitir su opinión o manifestarse, libremente, en contra de alguna decisión de las autoridades por temor a represalias.

La propuesta de encarcelar a los que cierren calles será sometida, la próxima semana, en el tercer debate en la Asamblea Nacional.

Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación