12 marzo 2010

COLOMBIA – Importantes avances en los derechos humanos y el derecho humanitario internacional en Colombia, "destacando la reducción drástica de las denuncias por ejecuciones extrajudiciales y los progresos en la tramitación de los procesos contra congresistas y funcionarios públicos por presuntos vínculos con organizaciones paramilitares," son algunos de los aspectos que recoge un informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, realizado a partir del acuerdo firmado, en 1966, por la entidad relatora y el gobierno de ese país.

El informe, presentado el pasado 4 de marzo, recoge la apertura gubernamental al escrutinio internacional, al recibir a cuatro relatores especiales y realizar el seguimiento, por propia iniciativa, de las recomendaciones del examen periódico universal. Por lo cual, la Alta Comisionada agradeció el espíritu de cooperación que existe entre ambos y la franqueza con que el actual gobierno afronta los retos que enfrenta en materia de derechos humanos.

"El conflicto armado interno continúa planteando muchos retos para el país, incluyendo el total desprecio por el derecho internacional humanitario por los grupos guerrilleros. Esta situación se ve exacerbada por la violencia contra la población, ejercida por los grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de las organizaciones paramilitares , los nexos de los actores armados con el narcotráfico y el impacto, especialmente grave, del conflicto armado interno en las comunidades indígenas y afro-colombianas," relata el texto.

De igual manera el informe hace un análisis de los desafíos en la implementación de la ley dictada en el 2005, llamada de Justicia y Paz, el aumento de amenazas y la utilización ilegal de los servicios de inteligencia contra los defensores y las defensoras de derechos humanos y otras personas, la polarización entre el Gobierno y la comunidad de derechos humanos, y entre el poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia, además del aumento de casos de violencia sexual.

En su parte final, el texto resume algunas de las principales actividades desarrolladas por la Oficina del Alto Comisionado de Colombia, y se da un grupo de recomendaciones al respecto.

En otro orden, se plantea que "la persistencia de los problemas estructurales de la administración de justicia y los desacuerdos al interior de la rama judicial, dieron lugar a propuestas de reforma judicial. Cualquier reforma que se lleve a cabo debería ser participativa y transparente, con el fin de asegurar la plena satisfacción del derecho a una justicia competente, independiente, imparcial y pronta para toda la ciudadanía."

Igualmente se analizan los posibles vínculos entre miembros del Congreso y funcionarios públicos con organizaciones paramilitares; ejecuciones extrajudiciales llevadas a efecto; la violencia sexual y las desapariciones forzadas.

La relatoría concluye aludiendo a la pobreza de la población y los derechos económicos, sociales y culturales, así como la continuidad de los ataques a las comunidades lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas, con incremento en ciudades como Bogotá y Medellín, además de ataques y masacres a pueblos indígenas.

El desafío de este organismo para el 2010 será avanzar en la implementación efectiva de las recomendaciones de tales mecanismos de protección pendientes.

Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación