10 febrero 2010
por Trinidad Vásquez

MANAGUA, Nicaragua – Líderes religiosos rechazaron aquí la pretensión de los diputados liberales de aprobar una Ley de amnistía para favorecer los delitos contra el erario público cometidos por el ex presidente Arnoldo Alemán y Eduardo Montealegre, ex candidato presidencial, en el proceso que se les sigue.

El reverendo Roberto Baltodano Leiva, presidente del Consejo de Iglesias Evangélicas Pro Alianza Denominacional (CEPAD) y el secretario del Consejo Nacional de Pastores Evangélicos de Nicaragua (CNPEN), Pablo Sovalbarro, se manifestaron al respecto junto a otro grupo de pastores.

Ayer martes la Asamblea Nacional suspendió la sesión al no tener quórum para ello, mientras afuera del recinto se apostaron centenares de simpatizantes del Partido del Gobierno, protestando contra ese proyecto de ley.

El pastor David Álvarez, de la Iglesia Metodista, manifestó que no cree en la política, porque el Gobierno ha demostrado no ser confiable, y aseveró que resulta antiético discutir un proyecto de ley que echaría al olvido los delitos contra el erario público.

Por su parte, el reverendo Rosendo Pérez, de esa misma denominación, también se pronunció en contra de la ley, expresando que ambos acusados deberán enfrentar la justicia como corresponde.

Sovalbarro, agregó que la amnistía no cubre a los políticos que han cometido violaciones de ese mismo tipo: "Si tienen delitos pendientes ambos personajes, Alemán y Montealegre, tienen que responder ante los tribunales de justicia," afirmó.

También el legendario comandante de la Revolución, Henry Ruiz, ahora líder del Movimiento por el Rescate del Sandinismo, también se pronunció en contra de ese proyecto de ley, en declaraciones que diera a El Nuevo Diario, el pasado 8 de febrero.

Mientras, el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, dirigió sus críticas contra el primer mandatario Daniel Ortega, al usar el poder judicial para chantajear a los adversarios políticos y someterlos a procesos judiciales, con el fin de doblegarlos.

Aseveró que el poder judicial está secuestrado por el partido del Gobierno y, a su juicio, urge un cambio total de funcionarios, en los poderes electoral y judicial, que garantice procesos justos y transparentes en los temas de justicia y orden electoral.

También dijo que la nación experimenta una debacle moral que se manifiesta, directamente, a nivel político y social, y que podría empeorar si no hay un cambio de mentalidad moral y ética en aquellas personas que ocupan posiciones de poder.

El diputado liberal Wilfredo Navarro, comentó que la actitud del cardenal Miguel Obando y Bravo y el presidente Ortega, de insistir en dejar como presidente del Poder Electoral a Roberto Rivas, pone en riesgo la estabilidad, la economía y la democracia del país.

Emil Kirjas, secretario general de la Internacional Liberal, que visitó de nuevo Managua el pasado 4 de febrero, expresó que el mandatario es un criminal y prometió denunciar todas las actitudes inconstitucionales e ilegales que actualmente existen.

Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación