7 enero 2010 por Rafael Menjívar Saavedra
SAN SALVADOR – Luego del asesinato de Gustavo Marcelo Rivera, Ramiro Rivera y Dora Sorto Rodríguez, ocurridos en los últimos meses y días del 2009 por su lucha contra los proyectos mineros, diversas redes, organizaciones, iglesias y familiares realizarán este viernes 8 de enero la Gran Vigilia Ecuménica Popular, denominada Justicia y Dignidad para las Víctimas y Población del Cantón Trinidad.
La actividad se realizará a partir de las 02:30 PM, hasta la mañana del sábado 9, en la Iglesia Católica del Cantón Trinidad, Municipio de Sensuntepeque, Departamento de Cabañas, ubicado a 150 kilómetros al noreste de la capital salvadoreña.
Desde la llegada de la empresa canadiense Pacific Rim a la zona oriental del país, se opuso resistencia; el Comité Ambiental de Cabañas, la Radio Comunitaria Victoria, ADES, la Mesa Nacional contra Minería y otras redes han hecho posible que los trabajos de exploración y explotación minera no continúen la zona, pese a ello, existen "matones" hombres pagados para atemorizar y asesinar a la población que sigue en oposición.
Gustavo Marcelo Rivera, fue desaparecido y asesinado en el Municipio de San Isidro, Cabañas a mediados del 2009; en diciembre- con pocos días de diferencia- fueron asesinados, en las cercanías del Cantón Trinidad, Ramiro Rivera y Dora Sorto Rodríguez. Los padres Luis Quintanilla y Neftalí Ruiz de la Iglesia El Magníficat han sido amenazados, junto a Francisco Pineda del Comité Ambiental de Cabañas, mientras que compañeros y compañeras de Radio han sido perseguidos y amenazados junto a líderes comunitarios y de instituciones.
Dora Alicia Sorto Rodríguez, de 32 años, esposa de Santo Rodríguez- también líder ambientalista-, fue asesinada el 26 de diciembre con cinco impactos de bala, cuando se encontraba en su octavo mes de embarazo, en un camino rústico luego de lavar ropa, y frente a su hijo menor. Ella dejó seis niños en la orfandad y un hogar en condiciones de pobreza.
El padre Luis Quintanilla, en un comunicado girado a la comunidad nacional e internacional, expresa una serie de exigencia que espera se tomen en cuenta lo más pronto posible: "Que cesen los asesinatos. No más muertes por la violencia, que los miembros de pandillas y maras sean salvos. Conversión de los malos. Que las bandas de narcotráfico sean desmanteladas. Que Dios proteja la integridad de las personas extorsionadas. Los que están en peligro de muerte, los que son amenazados. Que Dios proteja a los niños y jóvenes en riesgo de caer en la violencia y sean salvados. Que Dios ilumine a los gobernantes para aplicar medidas de prevención adecuadas."
Por su parte, La Comisión Política del Frente Farabundo Martí Para la Liberación Nacional, FMLN, en un comunicado oficial, tras expresar su más férrea condena ante los hechos, exige se realice lo más pronto posible una investigación exhaustiva que esclarezca los asesinatos y persecuciones.
Estos hechos se dan en el marco de la lucha contra la minería que se quiere establecer en Cabañas con la instalación de la mina El Dorado mientras Pacific Rim y Commerce Group demandan al Estado salvadoreño ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), por negarle permisos de explotación. Las transnacionales exigen una indemnización de 100 millones de dólares.
El FMLN condena estos hechos violentos y exige a la Fiscalía y a la Policía Nacional Civil una investigación profunda para dar con los responsables de estos asesinatos.
Solicitan al ejecutivo que ponga a disposición los recursos y las personas más idóneas para dar con el paradero de los culpables y que paguen con todo el peso de la ley, pues las autoridades locales no han sido capaces de esclarecer estos hechos ya sea por que han sido amenazados, manipulados, extorsionados o corrompidos.
También la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, en solidaridad con las víctimas, expresa: "Es urgente que el gobierno de El Salvador proporcione seguridad a las personas amenazadas en Cabañas, pero resulta que ahora, ya no es solo de las personas amenazadas, es de cualquiera que esté contra la minería metálica y los proyectos de muerte."
Por su parte la fundación SHARE, por la misma vía del comunicado ha expresado su profunda consternación e indignación por los últimos acontecimientos. "Estas víctimas vienen a comprobar que el interés del oro, y del dinero de las empresas mineras y de quienes les apoyan no tienen ningún limite, y que solo mediante el restablecimiento de la institucionalidad tanto en la PNC como en la Fiscalía, se podrá poner paro a estas atrocidades," afirma.
El lunes 11 de enero se inician las jornadas de diálogo bilateral entre el Movimiento Social y el gobierno. En la sentada estará también el presidente de la República, Mauricio Funes, y será el espacio para demandar directamente justicia para las víctimas, protección ante la lucha y castigo para las empresas mineras y las personas involucradas en los asesinatos. La jornada de vigilia, solo es el inicio de todo un proceso de exigencia más fuerte que se impulsará en el país.
Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación
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