14 diciembre 2009

COLOMBIA – Un boletín informativo del Movimiento Nacional de Víctimas (MOVICE) de Colombia, que comienza a circular con una periodicidad mensual por vía electrónica, denuncia que en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación integral, ese organismo ha tenido que enfrentar una persecución política continua.

El mismo pretende ser voz de las víctimas de políticas de Estado, cuando afirma que desde los años ‘80 se calculan alrededor de 70 mil muertos y desaparecidos por acción u omisión.

De esa manera, el boletín digital reseña una serie de violaciones cometidas contra miembros de MOVICE como método de intimidación. Cita un grupo de casos como el de Carmelo Agámez, secretario técnico del capítulo de esa entidad en Sucre, quien fuera encarcelado, según la fiscalía, acusado de conspiración por haber cometido crímenes con paramilitares; la detención, hace más de cuatro meses en el penitenciario de Bellavista, del defensor de los Derechos Humanos Winston Gallego, integrante también de MOVICE y de la Fundación SUMAPAZ, a partir de un montaje judicial en el cual aparecen casi todas las organizaciones de derechos humanos de Antioquia, en el que está encausado por el delito de rebelión; así como un grupo de amenazas perpetradas contra organizaciones de derechos humanos en Nariño.

Las amenazas han sido enviadas a través de correos electrónicos en la que se indica que "luego de un exhaustivo y largo proceso de inteligencia, que incluyó seguimiento e infiltraciones, entre otras actividades, los Comandos Urbanos de Los Rastrojos han llegado a las siguientes conclusiones: "Primero, conminar a todas las estas organizaciones a dejar a un lado el discurso subversivo y arcaico a favor de los derechos e ideologías de los narcoterroristas de las FARC y el ELN, y todos sus cómplices del pasado y del presente, de lo contrario iremos más allá de las amenazas.

Segundo, declarar objetivo militar a organizaciones como: CREAR, ARCOIRIS, COMITÉ DEPARTAMENTAL DE DERECHOS HUMANOS, FUNDEPAZ, MOVICE, PNUD, ESCUELA DE LOS PASTOS, PASTORAL DE TUMACO, UNIPA Y CAMAWARI.

Tercero, suspender de inmediato la campaña de lavado de cerebro en que están comprometidas estas organizaciones por toda la geografía de Nariño, corrompiendo mentes con sus ideologías que alteran el orden público conseguido después de una larga lucha. No nos hacemos responsables por lo que les pueda pasar a los líderes de estas organizaciones si sabemos que están en nuestros territorios."

Igualmente el boletín denuncia amenazas paramilitares contra la Corporación Yira Castro, por la misma vía, con un mensaje enviado bajo el título de "Quinto boletín electrónico Águilas Negras," donde son amenazados y declarados objetivos de este grupo paramilitar varios líderes de las organizaciones de población desplazada que conforman la Mesa de Interlocución y Gestión de Soacha (MIGDH), y de la Mesa Nacional de Fortalecimiento a OPDs, al tiempo que se anuncia un plan de exterminio contra líderes y organizaciones que se opongan a políticas gubernamentales.

Otras denuncias están referidas a los hostigamientos contra el taller de la Corporación Yudira Castro y Cahucopana; el control paramilitar en la antigua zona de distensión; la grave agresión contra el misionero y sacerdote Padre Enrique Aponte Annear y diversos asesinatos, entre líderes sindicales y los perpetrado en Suárez (Cauca); además del desalojo en Guaimaro (Magdalena).

El boletín reseña, además, diversas acciones realizadas por MOVICE con vistas a la denuncia pública de todos estos crímenes y violaciones, mientras señala que el Comité de Tortura de Naciones Unidas está preocupado por la situación en Colombia "generalizada y permanente con total impunidad." También acerca del debate celebrado, el pasado 26 de noviembre, en Casa Madrid (ESPAÑA), sobre los logros y desafíos del proceso de desmovilización de los paramilitares y guerrilleros, y la aplicación de Justicia y Paz, ley promovida el presidente Alvaro Uribe y que, hasta el momento, no se cumple.

Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación