4 diciembre 2009

TEGUCIGALPA, Honduras – El Congreso Nacional este 2 de diciembre tuvo la oportunidad histórica de reivindicarse ante la sociedad hondureña restableciendo el orden constitucional, pero no lo hizo. La ratificación por la mayoría del congreso de Honduras de la destitución del presidente constitucional, Manuel Zelaya, abrió un nuevo capítulo a la prolongada crisis política del país.

La decisión, adoptada en una larga sesión, refrendó el derrocamiento y expatriación del estadista por las fuerzas armadas el 28 de junio pasado, validadas pocas horas después por el parlamento. Es sumamente preocupante, la falta de voluntad política expresada por la mayoria de diputados y diputadas al Congreso Nacional de buscar una salida política al conflicto social vigente en el país.

La histórica votación de 114 votos ratificando la destitución del Presidente Constitucional mediante un decreto ilegal y arbitrario, solo evidencia que la clase política dominante con el apoyo de los sectores ultraderechistas de EEUU y Latinoamérica, estan dispuestos a sostener a sangre y fuego un modelo neoliberal inhumano que cada día empobrece a las grandes mayorias desposeídos de todo beneficio social y seguirán manteniendo la hegemonia del control total del Estado para el beneficio de sus empresas y las transnacionales saqueadoras de las riquezas nacionales-

Ante esta decisión política es claro que a la población hondureña no le queda otra alternativa que continuar resistiendo y enfrentando las represiones selectivas y sistematicas que de manera planificada la dictadura ejecutará contra los liderazgos sociales y políticos para imponer su proyecto y modelo hegemonista.

El Observatorio Ecuménico para los DDHH del CLAI, se declara en estado de alerta y vigilante de las violaciones a los derechos humanos que en los proximos meses seguirá sufriendo la población, ante el estado de indefensión, por la falta de vigencia de las garantías constitucionales y la colusión e ineptitud de los organismos operadores de justicia y derechos humanos estatales.

En ese sentido demandamos de la solidaridad internacional cristiana, social y política estar atentos a los acontecimientos futuros, exigiendo a sus gobiernos no reconocer las elecciones realizadas cuestionadas de supuestos fraude y las autoridades electas por haber carecido de legalidad, legitimidad y libertad democrática para la ciudadania, al haberse militarizado todo el proceso, las instituciones públicas y las graves violaciones a los derechos humanos documentadas por los organismos no gubernamentales nacionales e internacionales.

Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación