2 octubre 2009
por Mayra Rodríguez

CIUDAD DE GUATEMALA – Con un panorama de agudización de la sequía y el hambre en el país, el Concejo Ecuménico Cristiano de Guatemala y la Asociación Cristiana de Jóvenes de Guatemala llamaron hoy a crear redes de solidaridad entre las comunidades y a luchar por el acceso a una alimentación con dignidad, a denunciar las causas estructurales que generan el flagelo y a acompañar las luchas por la defensa de la vida, los recursos naturales y la redistribución de la tierra. En voz del obispo Episcopal Armando Guerra, los religiosos manifestaron que los altos niveles de pobreza, reflejada en el 49% de desnutrición crónica en la niñez y las muertes por hambre, deben constituir un llamado urgente, al gobierno, a trabajar por mejorar la situación de los segmentos empobrecidos, equivalentes a un 75% de la población.

"Valoramos los esfuerzos de instituciones y grupos de la sociedad que se han movilizado para asistir y brindar alimentos a quienes lo necesitan, pero también es necesario que reflexionemos acerca de los sistemas que conducen a un hambre persistente, los critiquemos y actuemos contra ellos" expresó el religioso, al exhortar a la población a unirse en solidaridad con los que menos tienen, acompañando sus luchas por una vida digna.

El Concejo Ecuménico Cristiano y la Asociación Cristiana de Jóvenes criticaron la forma en que las autoridades ha respondido a la crisis alimentaria en el país, manifestando que no es suficiente la implementación de programas de asistencia como Cohesión Social y Mi Familia Progresa, sino que es importante activar la infraestructura necesaria para garantizar la seguridad alimentaria de los sectores que sobreviven en la línea de la pobreza y la pobreza extrema.

El obispo Guerra afirmó que comparte las conclusiones del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, el cual estuvo en el país del 3 al 5 de septiembre, e instó a todas las personas a contribuir para retomar el pacto fiscal y la inmediata aplicación de una ley que garantice la implementación plena de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, lograda con un buen consenso del movimiento social.

De igual modo, estas entidades exigieron al gobierno garantizar que la ayuda y la solidaridad de la comunidad internacional, realmente, llegue a los grupos poblacionales más necesitados y se evite politizar la entrega de alimentos, buscando réditos de beneficio particular.

Recientemente el presidente guatemalteco Álvaro Colom decretó estado de calamidad pública y solicitó a la comunidad internacional 100 millones de dólares para apoyar a las comunidades afectadas por el hambre y la sequía, además de los contingentes de alimentos que han llegado al país gracias a la solidaridad internacional. Cifras oficiales señalan que unas 400 mil familias serían directamente afectadas por el hambre antes de finalizar el año y se ha contabilizado la muerte de unos 25 infantes a causa de la desnutrición.

Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación