16 febrero 2009
por Antonio Carlos Ribeiro

PORTO ALEGRE, Brasil – El pastor Walter Altmann, presidente de la Iglesia Evangélica de Confesión Luterana en Brasil (IECLB) y moderador del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), con sede en Ginebra, Suiza, lamentó que el Acuerdo firmado el 13 de noviembre 2008 por el Estado brasileño y el Vaticano "se ha preparado, negociado y firmado en última instancia, sin que se había producido un intercambio de ideas y diálogo con otras religiones, así como la sociedad en general," señalando que la libertad religiosa y la igualdad de las religiones "son una disposición constitucional que no puede ser herida.

La manifestación fue hecha por carta pastoral enviada el día 6, publicada dos días más tarde en Internet, casi tres meses después de la firma del documento en audiencia privada por el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva con el Papa – y después de haber "recibido un número significativo de consultas acerca de la posición de la Iglesia."

Altmann señala que IECLB es una iglesia ecuménica, en diálogo con diversas denominaciones y organizaciones ecuménicas con participación en el nivel continental y mundial, además del plano nacional, en el que participa a través del Consejo Nacional de Iglesias Cristianas de Brasil, del cual la Iglesia Católica es miembro. Testimonia también la gravedad, la profundidad y la responsabilidad de la Iglesia Católica, su aguda conciencia de la responsabilidad social y la participación en la Campaña de la Fraternidad Ecuménica (2000 y 2005) y la próxima en 2010. Y recuerda que en el modelo protestante de iglesia, las comunidades tienen la autonomía y el gobierno eclesiástico es a través de su delegación.

En la carta también se afirma que el contenido del acuerdo está siendo evaluado en cuanto a las consecuencias y repercusiones en la libertad de culto, a la educación religiosa en las escuelas públicas y el reconocimiento de los ministros religiosos. Concluye expresando la esperanza de que los derechos y privilegios concedidos se extiendan a otras iglesias y religiones, porque "debe ser un imperativo para el gobierno y constituyen una disposición constitucional."

El documento, firmado en Roma se desarrolló a partir del movimiento por implantar la educación religiosa confesional en el Estado de Río de Janeiro, a través de estrategias donde participaron la Iglesia Católica, iglesias pentecostales y el gobierno de Río de Janeiro. La propuesta del Gobierno de Garotinho, derrotado en la Asamblea Legislativa, fue representada por Rosangela Matheus – la esposa y Gobernadora Rosinha Garotinho – sucesor en el poder. El Consejo de Iglesias Cristianas del Estado de Río de Janeiro no participó en la toma de decisiones y no se pronunció sobre la misma. La IECLB consciente de la situación, solicitó y obtuvo el asesoramiento del Departamento de Catequesis.

La prensa nacional y local criticó la legislación, denunció como inconstitucional la destitución del funcionario público por haber perdido la fe, aseguró a la Ley 3459/2000, que apareció temas teológicos para garantizar que el maestro perdió la fe, o jurídica, como Estado laico de despido del trabajador por este motivo. O el uso de recursos públicos para financiar la enseñanza de la doctrina religiosa en las escuelas públicas en la Red del Estado. Se han producido denuncias de discriminación contra los maestros de las religiones no cristianas y el trauma resultante de la persecución religiosa sufrida por los estudiantes. Una acción directa de inconstitucionalidad está en espera de decisión de la Corte Suprema de Justicia.

La dificultad está en mantener "el derecho de la libertad religiosa, la diversidad cultural y la pluralidad religiosa del país" desde una perspectiva no religiosa, en "conformidad con la Constitución y otras leyes" (art. 11 de la Acuerdo). Será necesario controlar los suplementos que han de ajustarse por el "Órgano del Gobierno del Brasil, dentro de sus competencias, y la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil" (art. 18), durante el proceso de aplicación.

Esto aumenta la necesidad de la vigilancia de las iglesias ecuménicas de Brasil, del Conic como su órgano de representación, de los demás organismos ecuménicos, de los sindicatos de maestros, de los órganos gubernamentales de Educación y de organizaciones de la sociedad civil. El deber de intervención y participación en la vida pública tiene fuerte base en la ética protestante, como responsabilidad frente a la sociedad y como deber delante de la membrecia de las iglesias cristianas.

Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación