26 enero 2009
por Julio A. Carles

CIUDAD DE PANAMÁ – En marzo próximo, el Estado panameño cumplirá cinco años en mora con la ley que se pensó y aprobó en 2004 para prevenir y atacar los delitos de explotación sexual, esos que afectan a decenas de niños y adolescentes cada año.

Cinco años han pasado desde la aprobación de la Ley 16 de 2004, que incluyó la creación de un fondo contra la explotación sexual y el cobro de una serie de impuestos para la manutención de ese fondo, pero hasta la fecha no se ha implementado.

Como lo explicó Eiselys Vásquez, coordinadora de la Oficina Operativa de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional para la Prevención de Delitos de Explotación Sexual: "no se han hallado los mecanismos para la operación del fondo."

En otras palabras, dijo, el Ministerio de Economía dice que la ley no es clara en cuanto a qué ente debe cobrar los impuestos y, por tanto, no se ha cobrado ni un solo dólar de los recursos que debieron usarse para la prevención de estos delitos.

La Ley 16 dice que el fondo se nutrirá con las multas y dinero decomisado proveniente de los delitos de explotación sexual. Asimismo, con el 5% del valor de cada "video XXX" vendido o alquilado, y/o con el 5% del valor de cada entrada a los "cines XXX." También contempla que todo extranjero aporte un dólar a su salida del país.

Con esta última arista es posible calcular que en los últimos cuatro años -durante los cuales han entrado al país un promedio de un millón de visitantes, según la Autoridad de Turismo de Panamᬠel fondo ha dejado de percibir unos cuatro millones de dólares.

Lo que es peor: en el presupuesto asignado este año al Ministerio Público no se aprobó la partida del Plan Nacional para la Prevención y Eliminación de la Explotación Sexual Comercial de Niños y Adolescentes, y este ha tenido que comenzar a marchar con aportes extraordinarios del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, según Vásquez.

Como consecuencia de la falta de recursos ¬reconoció Vásquez¬, no se han podido desplegar en su justa medida los programas del Plan Nacional, que caminan en tres ejes paralelos: el de la prevención, que estipula el financiamiento de campañas de concientización; el de la atención a las víctimas; y el de la investigación y sanción. "El riesgo está allí y no se puede desmayar en los esfuerzos," insistió Vásquez.

Si se analizan las cifras de delitos sexuales en los últimos años, queda claro que ha habido un crecimiento significativo, al pasar de 18 casos denunciados en 2004 a mil 13 en 2008.

Es cierto que en los dos últimos años hubo un descenso en el número de expedientes tramitados (de mil 113 casos en 2007 pasó a mil 13 en 2008), sin embargo, para Vásquez esto puede ser consecuencia o no de las acciones realizadas por las autoridades, entre ellas las campañas de información. Pero aun así, según su criterio, la incidencia de casos sigue siendo "muy alta."

Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación