27 marzo 2008

BOGOTÁ, Colombia – La norma que aún debe pasar dos debates en el Congreso nacional, plantea que cuando una mujer sea objeto dentro de su núcleo familiar de amenaza, agravio, daño físico, psíquico o en su integridad sexual, podrá acudir ante un comisario de familia o un juez para una medida de protección inmediata.

La iniciativa busca erradicar del país cualquier tipo de violencia de género, y busca no sólo proteger a las mujeres que tienen un vínculo formal con el victimario, sino también a las mujeres que etapa de noviazgo.

"Las penas serán más altas si se cometen contra ellas delitos sexuales, secuestro o proxenetismo," sentencia el proyecto de ley, que no permitirá en estos casos que las condenas sean excarcelables. El proyecto también endurece las penas cuando se cometa una extorsión u homicidio de género, es decir, cuando se asesine a una mujer por su sola condición de mujer. En este caso se establece una pena de entre 25 y 40 años.

Una vez se establezca amenaza, agravio, daño físico, psíquico o en su integridad sexual un juez tendrá la potestad de decidir que el agresor abandone el hogar, se abstenga de ingresar a cualquier sitio donde se encuentre la víctima y ordenar que la Policía le brinde protección a la agredida, incluso disponer que la mujer sea llevada a un centro de ayuda, que los hijos sean trasladados a otro colegio y evitar que el agresor haga uso de los bienes de ambos.

Ya no se necesitará denuncia de la víctima Para investigar un caso de violencia intrafamiliar bastará el testimonio de cualquier vecino o familiar, pues la iniciativa va más allá de lo legal, proponiendo la creación de centros especiales de atención para mujeres que sean abusadas, además de permitirles que tengan el derecho a escoger entre un médico o una médica cuando haya que practicar un dictamen en Medicina Legal por casos de violación.

El proyecto ordena que el Gobierno desarrolle planes de prevención, detección y atención de situaciones de acoso, agresión sexual o cualquier otra forma de violencia contra las mujeres. Las quejas se tramitarán ante la Fiscalía.

En el campo laboral, el proyecto contempla que el Ministerio de la Protección Social deberá promover el reconocimiento social y económico de las mujeres e implementar los mecanismos para hacer efectivo el derecho a la igualdad social.

Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación