28 febrero 2008
GUATEMALA – Las iglesias católica, evangélica, luterana y presbiteriana pidieron esta semana la abolición de la pena de muerte en Guatemala- tema que se había retomado hace un par de semanas- y combatir la pobreza y la marginación que propician la violencia en el país.
En un pronunciamiento hecho público por las iglesias que integran el Consejo Ecuménico Cristiano de Guatemala, recomiendan sumarse a los países que han abolido la pena capital, por considerar que no es una solución a los problemas de violencia.
Prensa Libre, que cubrió la conferencia de prensa reprodujo la afirmación del secretario general del Consejo, Vitalino Similox quien dijo: "Podemos matar a todos pero el problema (de la violencia) va a continuar si no se cambian las causas estructurales que la provocan como la pobreza, la marginación y la degeneración de las personas."
"Nos preocupa que se quiera manipular políticamente que la solución es aplicar de nuevo la pena de muerte como respuesta simplista a las demandas de justicia de la población," dice la carta.
"Acudir a la pena de muerte como vía, supuestamente, para solucionar el problema de la violencia, es condenarnos a permanecer en un círculo vicioso porque no es un mecanismo de disuasión para frenar raíces históricas y estructurales," aseguran.
De acuerdo con las iglesias, para frenar la ola criminal el Estado debe desmantelar el crimen organizado, iniciar procesos judiciales en contra de implicados en genocidios, combatir la corrupción en el sistema de justicia y la policía, terminar con la impunidad y desmilitarizar y eliminar las armas en manos de civiles.
"Si aplicamos la ley del talión -ojo por ojo y diente por diente- en unos años tendríamos un país de ciegos," advierten.
El pasado 12 de febrero, el Congreso restituyó al presidente de Guatemala, Álvaro Colom, la potestad de otorgar o no el indulto a los reos condenados a muerte en su país. Colom manifestó que no dará el indulto presidencial y que respetará la decisión de los tribunales de justicia.
Según informaciones de prensa, un total de 41 presos están condenados a morir en Guatemala por la inyección letal, que sustituyó al fusilamiento en 1998.
Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación
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