12 noviembre 2007
LA PAZ, Bolivia – "Entre las normas y compromisos internacionales, el más importante es el Protocolo de Palermo que especifica los compromisos de los Estados para luchar contra la Trata y Tráfico de personas y en especial de menores de edad. Bolivia, como signataria de este protocolo, cuenta con el Código Penal y el Código Niña, Niño y Adolescente, que lastimosamente no se cumplen," afirmó Elizabeth Salguero, vicepresidenta de la Comisión de Política Social de Diputados y gestora de una nueva ley contra estos delitos que esclavizan a mujeres, niñas y niños fuera de su lugar de origen.
El incumplimiento de las normas y leyes y la vulneración de las mismas es un gran problema para la prosecución de un delito que afecta con mayor impacto a mujeres, niñas y niños, aseveró la parlamentaria, señalando que la incapacidad de fiscalización y penalización del delito ocasionan reacciones como la de ciudadanos del Alto, que ante la proliferación de bares y cantinas que encubrían lenocinios, los incendiaron.
La negligencia de funcionarios de la comuna y la incapacidad de miembros de la policía, como parte de una problemática estructural, a la que se suma la falta de recursos y de alternativas de recreación y esparcimiento adecuados a una cada vez más creciente población joven, hicieron del consumo de alcohol y la prostitución un hábito que degenera en la corrupción de menores, en el peligroso mundo de la Trata, que engaña en especial a mujeres migrantes atraídas por ofertas de trabajo y un mejor nivel de vida.
"Los convenios internacionales permiten, por ejemplo, realizar contactos con autoridades de países limítrofes, o en especial de España, para analizar y conocer el número de personas que salen con fines de Trata, explotación laboral, explotación sexual o lo que es peor, el tráfico de órganos de menores de edad; por ello buscan evitar la angustia de compatriotas migrantes, sin amparo legal," sostuvo Salguero.
En este marco se ha presentado recientemente una Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas, planteada ante la existencia de vacíos legales de la anterior Ley 3325.
La nueva Ley prevé la restitución al país de las personas afectadas por el delito, entre otros aspectos, aseguró la diputada. El proyecto se encuentra al momento en revisión por el Poder Ejecutivo en el Ministerio de Justicia y en la Comisión de Derechos Humanos y Política Social. La propuesta legal es resultado del trabajo efectuado por la Unión Interparlamentaria Mundial presidida por la diputada boliviana.
Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación Fuente: RIMA
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