12 noviembre 2007

URUGUAY – Ante la confirmación por parte del ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay, Mariano Arana, de que la planta de celulosa de la empresa finlandesa Botnia en Fray Bentos quedó habilitada para comenzar a funcionar, REDES-Amigos de la Tierra Uruguay, el Grupo Guayubira, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV) y RAPAL-Uruguay rechazaron públicamente esa decisión. Reiteraron sus críticas a la profundización del modelo forestal y celulósico, "que conducirá a la muerte del anhelado proyecto del "Uruguay Natural" y que atenta contra la Reforma Constitucional que prioriza el uso del agua para consumo humano."

El pasado jueves, en plena Cumbre Iberoamericana en Chile, se dio a conocer oficialmente la decisión del gobierno de Tabaré Vázquez, de otorgar la habilitación a Botnia para poner en funcionamiento su planta en Fray Bentos, sobre la margen oriental del Río Uruguay. La instalación de esta empresa ha generado un conflicto en ambas márgenes que lleva casi cuatro años.

El comunicado de las organizaciones uruguayas, recuerda que Botnia tiene plantadas unas 140 mil hectáreas de eucaliptos y planea producir un millón de toneladas anuales de pasta de celulosa, además de los cinco proyectos más anunciados oficialmente en ese país (de las empresas ENCE de España, Stora Enso de Suecia-Finlandia, Portucel de Portugal, International Paper de Estados Unidos y Nippon Paper Industries de Japón). "Uruguay se convertirá así en el basurero de la producción de celulosa del mundo," sentencian.

"Más allá de las consecuencias medioambientales que el emprendimiento de Botnia pueda traer, afirman, lo que se pone en jaque es el proyecto de un modelo de desarrollo sustentable. Es que este modelo forestal celulósico conduce a la escasez de agua en las zonas con plantaciones de árboles, al deterioro del suelo, a una creciente latifundización y extranjerización de la tierra y al éxodo campo-ciudad de los pequeños productores rurales."

La gran cantidad de agua subterránea que consumen los monocultivos es una de las grandes preocupaciones, subrayan. Como caso testigo colocan el de los chacareros de Mercedes, quienes denuncian la escasez de agua en sus tierras desde 1995.

"El proyecto de Botnia lesiona asimismo la ciudadanía del pueblo uruguayo, que tendrá escasas posibilidades de que se tomen en cuenta sus demandas contra la empresa en caso de contaminación, por la vigencia del Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones de Uruguay y Finlandia, que beneficia a la compañía," denuncia la nota.

Consideran, drásticamente, que desde la Cumbre de Presidentes Iberoamericanos en Chile "el país sentenció de muerte al Uruguay Natural y al modelo productivo sustentable basado en la equidad social."

Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación