5 noviembre 2007

SANTO DOMINGO, República Dominicana – República Dominicana está en el grupo de países latinoamericanos con más alto índice de mortalidad materna; la mortalidad materna está relacionada con los abortos, considerado éste como un problema de salud pública. Organizaciones de mujeres aseguran que cada año se realizan entre 80 mil y 100 mil abortos. En este momento se debate la despenalización del aborto en caso de violación, mal formación del feto o peligro de la salud de la madre. La Iglesia Católica intensifica su lucha contra la medida.

Tras el vigésimo quinto Encuentro Nacional de Pastoral -celebrado a mediados de octubre- las once diócesis de República Dominicana se han comprometido en un esfuerzo común para impedir toda legalización del aborto.

Con la iniciativa "Prenderle la luz a la vida," la arquidiócesis de Santo Domingo ha puesto en marcha una serie de actos que van desde encender las luces de los autos, en protesta por la posible legalización del aborto, hasta un acto juvenil de abrazo simbólico al edificio del Congreso.

El 28 de octubre se celebró una "Marcha por la vida" desde el monumento de Fray Antón de Montesinos hasta la sede del Congreso Nacional. La marcha concluyó con una celebración eucarística presidida por el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, primado de América.

Según ha dicho el padre Luis Rosario Peña, coordinador de la Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal Dominicana, "la Iglesia católica está dispuesta a librar esta batalla hasta las últimas consecuencias, porque se trata del valor más elemental a proteger: el derecho a la vida, que es un don sagrado."

En tanto, la Coalición por un Código Penal Moderno y Consensuado entiende que la gran mayoría de las dominicanas y los dominicanos no está de acuerdo con la posición ultra conservadora, basada en el dictado eclesiástico de que mejor dos muertes que un aborto terapéutico, como tampoco está de acuerdo con la prohibición de los anticonceptivos o del uso de preservativo para la prevención del VIH-SIDA.

En una declaración emitida en el mes de septiembre, la Coalición dice: "La criminalización del aborto terapéutico en base a dictados religiosos constituye una clara violación a la libertad de conciencia y culto consagrada en la Constitución dominicana. En una sociedad democrática, las enseñanzas morales de una religión son asumidas de manera voluntaria por sus creyentes, nunca impuestas por la fuerza de la ley a toda la ciudadanía, al margen de las creencias religiosas de cada cual. ¿Por qué los sectores ultra conservadores evitan por todos los medios discutir este punto?"

Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación
Fuentes: CIMAC, Zenit