29 septiembre 2006

SANTIAGO DE CHILE – Tras un periodo de estudio del extenso documento dado a conocer por el Ministerio de Salud a principios de mes sobre normas de regulación de fertilidad, la Confraternidad Cristiana de Iglesias (CCI), que agrupa a 10 denominaciones evangélicas, dio hoy a conocer sus reflexiones desde lo religioso pero sin dejar de ver la realidad social del país.

Con el anuncio de la Ministra de Salud del gobierno de Bachelet, del documento titulado "Normas Nacionales de Regulación de la Fertilidad," se levantó un amplio debate en la sociedad chilena en torno a las políticas de salud sexual y reproductiva, el rol del estado y la pertinencia o no de un documento orientado a la sexualidad.

Las reflexiones de la Confraternidad Cristiana de Iglesias buscan poner paños fríos a la indignación de muchas comunidades ante el proyecto gubernamental, argumentando que la norma no es nueva sino que se trata " de un documento que compila y sistematiza las normas vigentes que se han venido desarrollando desde que, en la década de 1960, se introdujo la planificación familiar al sistema público de salud," dicen. En cuanto a las diferencias entre las leyes vigentes y el presentado actualmente, consideran que éste introduce un enfoque mucho más centrado en los derechos de las personas, que en los problemas vinculados a la explosión demográfica, como fue característico en los inicios de las políticas de planificación familiar. "Su propósito es orientar y facilitar la acción de los y las profesionales responsables de llevar a cabo la atención de salud en este ámbito. Titularlo "Normas nacionales para la atención de salud sexual y reproductiva," habría sido mucho más coherente con su enfoque y contenido," aseguran.

En lo que se refiere al fundamento ético del documento, los responsables de CCI afirman que el documento es muy cuidadoso en reconocer la diversidad de visiones y perspectivas éticas y religiosas presentes en el país, asegurando el respeto a la libertad de conciencia. Aplicado a la práctica de los y las profesionales de la salud, esto significa que siempre se deben respetar las decisiones que toman las personas que consultan, en virtud de sus propios valores, y en ningún caso imponérsele puntos de vista contrarios.

El pormenorizado estudio recalca la coherente aplicación de un enfoque de género en el documento de salud. Se expresa, según palabras de las iglesias, " en una adecuada consideración de la forma particular en que los temas de salud sexual y reproductiva afectan a las mujeres, en el contexto de una cultura que delega completamente en ellas la responsabilidad, tanto de la prevención del embarazo como de la crianza. Por otra parte, se expresa en una consideración específica de la responsabilidad de los hombres en estas materias, y por primera vez entrega orientaciones explícitas sobre la atención de salud sexual y reproductiva de los hombres. En este aspecto, esta normativa hace un aporte muy importante al reconocimiento de las responsabilidades compartidas de hombres y mujeres en el ejercicio de una sexualidad y paternidad-maternidad responsables.

Como sucede en muchas ocasiones, cuando el Estado ingresa en el ámbito de la educación sexual o de políticas públicas de salud reproductiva, se le acusa de excluir a padres y madres de la atención de los y las adolescentes que, en virtud de esas normas, pueden ser atendidos aún sin consentimiento paterno. La declaración de la CCI entiende que aplicar lo que establece esta norma en Chile no implica excluir activamente a los padres y madres, sino más bien suplir su ausencia de hecho en números casos y por diversas razones. "Antes que protestar por una intromisión indebida del Estado en estas situaciones, las iglesias debiéramos reconocer su rol subsidiario, y jugar un papel más activo en despertar y apoyar a los padres y madres para que asuman su responsabilidad en la formación integral de sus hijas e hijos," expresan.

Las iglesias nucleadas en la Confraternidad no escapan mirar la realidad de pobreza en el país del cono sur, cuando relacionan estrechamente la pobreza con la deficiencia o la inexistencia de atención de salud sexual y reproductiva a los sectores más desposeídos. En ese sentido afirman que " la eliminación de barreras de acceso a la atención de salud sexual y reproductiva, es un aspecto fundamental de las políticas de superación de la pobreza."

Con la firma de los pastores Pedro Zabala, Juan Sepúlveda y Eduardo Cid, el manifiesto llama a las iglesias cristianas a educar diligentemente, a desarrollar programas de formación donde la sexualidad sea considerada en el contexto del amor y el compromiso; sin dejar de entender que las prácticas sociales no responden a las enseñanzas de las iglesias, desligan al estado de la responsabilidad en tales prácticas.

"Somos las iglesias las que debiéramos preguntarnos en qué hemos fallado, para que parte importante de la población no considere nuestras enseñanzas, en un aspecto tan fundamental de la vida como lo es la sexualidad. Abordar con coraje esta pregunta podría ayudarnos a recuperar la cercanía y confianza de la gente, de tal manera que pueda encontrar en nuestras iglesias un acompañamiento acogedor y amigable para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana, incluyendo la vivencia saludable de su sexualidad," finalizan.

Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación