28 marzo 2006
LIMA, Peru –"Si no hay esperanza para los pobres, no la habrá para nadie, ni siquiera para los ricos," con esta frase de Juan Pablo II, el arzobispo de Huancayo, monseñor Pedro Barrero, instó al presidente Alejandro Toledo a actuar "con claridad," en el caso de la minera estadounidense Doe Run, acusada de producir grave contaminación y daño a la vida y la salud.
Barreto, arzobispo de la arquidiócesis de Huancayo, ubicada a 300 kilómetros al este de Lima, invocó al presidente Toledo a que adopte una "solución integral" frente al conflicto suscitado con la minera Doe Run, cuya quinta solicitud de ampliación del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), evalúa el gobierno.
El sacerdote católico, conocido por su lucha a favor de la comunidad de La Oroya, donde está asentada la minera y la más contaminada del país, pidió al presidente que señale cuál será la solución alternativa que tomará el Estado peruano, en caso de que el Ministerio de Energía y Minas se oponga a la ampliación interpuesta por la minera.
Barreto precisó que en esta decisión también debe asegurarse la continuidad de las operaciones metalúrgicas en La Oroya y, consiguientemente, la estabilidad laboral de los trabajadores, sin dejar de lado el cuidado de la salud y el medio ambiente.
En una carta dirigida el lunes al presidente Toledo, el prelado católico insistió en "una solución integral y sostenible del problema de salud ambiental y laboral en La Oroya y en la cuenca del río Mantaro."
Advirtió que en la decisión que el gobierno adopte sobre la ampliación del PAMA solicitado por la empresa minera, no sólo están en juego el problema científico y técnico, sino principalmente la vida y salud de las personas, el bien común , además de la estabilidad laboral de más de tres mil trabajadores.
Finalmente hizo votos para que el presidente encuentre en este tiempo de cuaresma, la ocasión propicia para la reflexión y la búsqueda de reconciliación y paz para el país.
La minera estadounidense solicitó al gobierno peruano una considerable ampliación del plazo de ejecución de sus planes de adecuación ambiental, que debió culminar en diciembre de este año, hasta el año 2011, pero el gobierno limitó el plazo hasta diciembre del 2009.
Según un estudio de la Universidad de San Luis, de Estados Unidos, un 97 por ciento de los niños menores de seis años que viven en La Oroya, presenta altos niveles de plomo en la sangre, lo que puede causar cáncer, parálisis, dolores de cabeza y problemas de crecimiento y aprendizaje.
Diversas delegaciones de las iglesias y movimientos religiosos de Lima y de La Oroya se congregaron el 22 de febrero frente al local del Ministerio de Energía y Minas para expresar su respaldo a las organizaciones sociales que exigen del Estado, una posición de defensa de la legalidad y respeto a los derechos humanos.
Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación
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