14 noviembre 2005

LIMA, Peru – El director ejecutivo del Concilio Nacional Evangélico del Perú (CONEP) rechazó las maniobras del ex presidente Alberto Fujimori por su evidente intencionalidad política y señaló que la forma en que pretende regresar al país constituye una "grave falta de respeto a la dignidad de los peruanos."

"Lo que él debería hacer es regresar al país para responder por los delitos que se le imputan, antes de pretender cualquier acción política," sostuvo Arroyo.

El ex presidente Fujimori llegó inesperadamente a Chile en la tarde del domingo 6 de noviembre y fue detenido algunas horas después a solicitud del gobierno peruano. La semana pasada la justicia chilena rechazó su pedido de libertad provisional.

Gobernó al Perú entre 1990 y el 2000, cuando renunció por fax a la presidencia tras conocerse una serie de actos de corrupción perpetrados por su administración. Desde ese entonces vivió en Tokio, Japón, hasta su sorpresivo viaje a Chile.

El líder del CONEP dijo que deplora igualmente la actitud del gobierno japonés que insiste en proteger a una persona que debe rendir cuentas sobre las acusaciones que pesan sobre él.

Arroyo se pronunció en este sentido en el seno del Acuerdo Nacional, que reúne a partidos políticos y diversos sectores de la sociedad civil peruanos, en la sesión celebrada el viernes.

"Su gobierno no sólo dañó las débiles estructuras democráticas del país y permitió la corrupción, sino significó la negación de la dignidad humana y un abierto proceso de desmontaje de nuestro sistema democrático," afirmó.

Estamos absolutamente en contra de su pretensión de postular a la presidencia de la República, sin antes resolver y esclarecer las acusaciones de las que es objeto; esclarecimiento que pasa por ponerse a derecho ante la justicia peruana, precisó.

Convocó a los poderes del Estado a hacer lo pertinente, con la precisión y celeridad necesarios, para que "los delitos que se le imputan a Fujimori no queden impunes."

"Las maniobras de Fujimori desafían también a las personas a reafirmar su compromiso y voluntad política para desmontar el sistema de corrupción; así como reafirmar el sistema democrático y el estado de derecho, impregnando a la política de ética y de vocación de servicio por el bien común," concluyó.

Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación