3 noviembre 2005

SANTO DOMINGO, Republica Dominicana – El gobierno debe asumir la parte de responsabilidad que le toca en la incesante inmigración haitiana al país, como son las complicidades consulares, aduaneras, policiales, militares, empresariales e incluso las migratorias, dijo la Conferencia del Episcopado Dominicano en un comunicado entregado a la prensa el martes 1 de noviembre.

Los males de este desorden se han tornado ya gravísimos y a ellos debe poner suma atención y remedio tanto el gobierno como la sociedad entera," dicen los religiosos en el "Mensaje Ante la Creciente Inmigración Haitiana" que suscriben los obispos.

Precisan que "no tiene sentido," exigir a los haitianos que se sujeten a la ley, cuando los propios dominicanos son los primeros en violarla y agrega que el masivo ingreso de haitianos al país es una situación a la que no se ha atendido lo suficiente desde hace unos 25 años.

Acusan asimismo a grupos dedicados al tráfico de humanos como responsables directos del éxodo de haitianos; "grupos que actúan sin tener en cuenta la situación humana de las personas y la situación del país," lamenta la Conferencia.

La organización católica emplazó al gobierno a enfrentar sin demora y con seriedad el problema, sin perjuicio de parte de la iglesia de seguir fiel a su misión de atender "con solicitud de madre" a todos los haitianos presentes en el país, prescindiendo de su condición de regularidad o irregularidad.

El pronunciamiento fue entregado a los medios de comunicación por el presidente de la Conferencia, monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, arzobispo de Santiago de los Caballeros.

La iglesia se ha pronunciado reiterativamente por el respeto a la dignidad humana de los obreros haitianos traídos para los campos de caña. Los obispos aseguran que esta defensa de los haitianos no deja de reconocer los derechos del gobierno a reglamentar toda inmigración y la obligación de cada inmigrante a someterse a la legislación existente.

La inmigración haitiana tiene raíces históricas profundas vinculadas a la necesidad de mano de obra barata para sustentar la producción azucarera, lo que se hizo descuidando el cumplimiento de fundamentales derechos humanos y laborales que tiene todo inmigrante, afirma la Conferencia.

Los obispos precisan que en este proceso, han sido igualmente graves las contrataciones laborales sin preservar la dignidad humana y sin medir sus consecuencias, como las expatriaciones indiscriminadas e inhumanas.

Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación