21 diciembre 2004

LIMA, Peru - En un comunicado titulado "El derecho a la vida y la salud está por encima de cualquier otro derecho," el arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto Jimeno, en el centro andino de Perú, pidió el diálogo y la concertación para solucionar un grave conflicto ambiental en la región.

El pronunciamiento del dignatario jesuita se debe a que el 6 y 7 de diciembre, la población de la ciudad de La Oroya, un centro minero a 180 kilómetros al este de Lima, bloqueó los caminos y se enfrentó a la policía, con el resultado de dos muertos, reclamando al gobierno ampliación del plazo para que la empresa estadounidense Doe Run cumpla su compromiso de poner en marcha un programa de descontaminación en sus plantas.

El conflicto sigue latente, aunque el Ministerio de Energía y Minas ha anunciado que dispondrá la ampliación de los plazos para los programas de descontaminación, siempre que la población de la zona esté de acuerdo.

La Iglesia Católica, dice el arzobispo, siente la urgencia de dirigir su palabra para propiciar un diálogo veraz, responsable, solidario y pacífico entre las partes involucradas, a fin de definir y realizar juntos: 1º El diagnóstico de la contaminación ambiental. 2º La eficaz y más pronta solución integral al problema mediante una campaña de solidaridad ambiental.

El complejo metalúrgico de La Oroya, uno de los más importantes de Perú, fue adquirido por Doe Run en 1997, con el compromiso de ejecutar un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) hasta enero del 2007. El complejo fue propiedad de la empresa, también estadounidense, Cerro de Pasco Copper Corporation, desde 1922 hasta 1974 y luego pasó a ser administrado por la empresa estatal Centromin hasta 1977.

Las dos anteriores propietarias son en gran parte responsables de la grave contaminación que prevalece en La Oroya y que afecta a toda la región andina central, especialmente al río Mantaro, el principal de la zona central del país y que compromete el medio ambiente y la salud de los pobladores. Tóxicos como plomo, arsénico, cadmio y dióxido de azufre han alcanzado un promedio de 33.6 microgramos por decilitro, más de tres veces de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, hace unos meses Doe Run pidió extender el PAMA hasta el 2011, por no tener los recursos económicos para cumplirlo. Indicó que de no darle más tiempo, tendría que suspender sus operaciones en La Oroya, dejando sin empleo a sus 4.000 trabajadores y afectando a otras 50.000 personas que dependen indirectamente de sus actividades. Esto motivó las protestas de la población, que apoya a la empresa Doe Run.

Doe Run, que produce plomo, zinc y cobre, así como otros metales, ha tenido ventas por unos 510 millones de dólares este año. El PAMA implica una inversión de 174 millones de dólares, según últimas estimaciones, luego de que un estudio independiente halló serios problemas de fugas de emisiones tóxicas en su complejo. La empresa adujo que antes de fin del presente año definirá sobre la continuación de sus operaciones en el país debido a que tiene acuerdos crediticios que vencen en enero y que dependen del cumplimiento del programa ambiental.

El arzobispado de Huancayo, la principal ciudad de la región, propone elaborar un diagnóstico con solidez técnica y con credibilidad de la real situación de salud ambiental y social de La Oroya y dice que ha solicitado a la Universidad Saint Louis de Missouri (Estados Unidos) realizar esta tarea. Como contraparte peruana se deberá conformar una comisión de alto nivel científico que respalde el estudio solicitado.

Con base en ese informe, dice, se podrá proponer la solución integral, elaborando el presupuesto necesario para asegurar la vida, la salud, la estabilidad laboral de la población y la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.

Añade que, en el marco de la ley del derecho de información, se hace necesario contar con un conocimiento transparente de la situación financiera contable y ambiental de la empresa Doe Run Perú para definir soluciones viables que garanticen el cumplimiento de su compromiso en salud ambiental, trabajo y desarrollo de La Oroya.

Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación (ALC)